Antes de que alguien estuviera dispuesto a poner 55 millones de euros sobre la mesa, hubo un fin de semana en el que las futbolistas decidieron no jugar.
El 16 y el 17 de noviembre de 2019 debían disputarse los ocho partidos de la novena jornada de Primera División. No se jugó ninguno.
Las futbolistas se declararon en huelga después de más de un año de negociación sin acuerdo para aprobar el primer convenio colectivo de la categoría. Reclamaban un salario mínimo, límites a la contratación parcial, vacaciones reguladas, protección durante las bajas, derechos vinculados a la maternidad y unas condiciones laborales mínimas para una competición que ya les exigía comportarse como profesionales.
Aquella huelga no paralizó una liga profesional.
Todavía no lo era.
Profesionales dentro de una competición que no lo era
Esa era la contradicción sobre la que se sostenía la máxima categoría del fútbol femenino español.
Había futbolistas con contratos profesionales, internacionales, entrenamientos diarios, viajes, exigencia física, patrocinadores y partidos televisados. Había clubes históricos, estadios que empezaban a llenarse en ocasiones señaladas y una selección que comenzaba a ocupar un espacio mayor.
Pero la competición seguía integrada en la estructura federativa y no tenía el reconocimiento jurídico de liga profesional.
El fútbol femenino podía crecer en audiencia, elevar su nivel deportivo y producir imágenes de estadios llenos. Sin embargo, todavía carecía de una estructura común capaz de negociar desde una posición propia sus derechos, construir una marca compartida y garantizar que todas las jugadoras partieran de unas condiciones laborales básicas.
La huelga de 2019 convirtió esa contradicción en algo imposible de seguir ignorando.
El primer convenio colectivo fue firmado el 18 de febrero de 2020 y publicado meses después en el Boletín Oficial del Estado. Estableció una retribución mínima garantizada de 16.000 euros brutos anuales para las futbolistas con contrato a tiempo completo y limitó la parcialidad al 75% de la jornada ordinaria.
La cifra no convertía a las jugadoras en privilegiadas. Ni siquiera garantizaba que todas pudieran vivir con holgura exclusivamente del fútbol.
Pero introducía algo que hasta entonces no existía: un suelo.
Por primera vez, la máxima categoría femenina española disponía de un marco laboral colectivo que reconocía que detrás de cada partido había trabajadoras con jornada, salario, descansos, vacaciones, bajas y derechos.
La profesionalización legal de la competición todavía no había llegado. La laboral había comenzado a abrirse paso desde abajo.
El reconocimiento llegó después
El 15 de junio de 2021, el Consejo Superior de Deportes aprobó por unanimidad la profesionalización de la Primera División femenina.
La decisión no creó el fútbol femenino profesional. Reconoció oficialmente algo que las jugadoras llevaban años demostrando sobre el campo y reclamando fuera de él.
Tampoco hizo aparecer automáticamente una liga nueva.
Fue necesario acordar sus estatutos, definir la relación con la Real Federación Española de Fútbol, establecer sus órganos de gobierno y construir una organización capaz de asumir funciones que hasta entonces no existían de forma independiente.
Los estatutos de la primera liga femenina profesional de España fueron aprobados en marzo de 2022. La Liga F nació como entidad propia y comenzó a organizar la competición en la temporada 2022/23.
España ya tenía una liga profesional femenina.
Eso no significaba que tuviera una liga rica.
Construir un producto que antes estaba disperso
La profesionalización otorgó a la nueva Liga F una capacidad decisiva: convertir la competición completa en un producto.
Hasta entonces, el valor del fútbol femenino español se encontraba fragmentado. Cada club tenía una realidad económica diferente, una capacidad comercial distinta y una relación propia con su sección masculina, cuando la tenía. La visibilidad de un partido podía depender tanto de su interés deportivo como de quién poseyera sus derechos o decidiera producirlo.
Una competición profesional necesitaba algo más que buenos equipos.
Necesitaba una identidad común, partidos retransmitidos con unos estándares mínimos, patrocinadores para el conjunto del campeonato, reglas para distribuir los ingresos y una estructura que pudiera sentarse a negociar en nombre de todos sus participantes.
En agosto de 2022, la Liga F alcanzó un acuerdo para que LaLiga se encargara de comercializar sus patrocinios y activos comerciales durante al menos cinco temporadas. El contrato garantizaba un mínimo de 42 millones de euros, sin incluir los derechos audiovisuales.
Pocas semanas después llegó el primer gran acuerdo televisivo de la nueva competición.
DAZN adquirió los derechos globales y en exclusiva por 35 millones de euros durante cinco temporadas. El canal Goal obtuvo el partido en abierto de cada jornada y los resúmenes. Por primera vez, todos los encuentros de la máxima categoría femenina iban a poder verse en directo bajo una comercialización conjunta.
La Liga F empezaba a hacer algo que el fútbol masculino llevaba décadas haciendo: empaquetar su competición, venderla y distribuir el dinero obtenido.
Había nacido un mercado.
La profesionalización también necesitó dinero público
Ese mercado no surgió solo.
La creación de una organización, la producción audiovisual, la adaptación de instalaciones, la contratación de personal y la mejora de las estructuras de los clubes exigían recursos antes de que la nueva competición pudiera generar los suyos.
El Consejo Superior de Deportes destinó 20 millones de euros durante las tres primeras temporadas a la puesta en marcha y sostenimiento de la Liga F. A esa cantidad se añadieron alrededor de otros 20 millones para mejorar las infraestructuras de los clubes.
El respaldo público no fue un detalle secundario. Fue parte del modelo fundacional.
La profesionalización del fútbol femenino se había presentado como una cuestión de justicia, pero convertir ese reconocimiento en una competición real tenía un coste. Alguien debía financiar la transición entre la antigua Primera División y una liga con personal propio, producción televisiva, obligaciones institucionales y una estrategia comercial común.
Por eso los primeros años de Liga F no pueden explicarse únicamente como una historia de crecimiento empresarial.
También fueron una inversión pública para corregir una desigualdad histórica y construir las condiciones desde las que algún día pudiera existir un negocio sostenible.
Primero hubo que crear aquello que después podría venderse.
Tener contratos no significaba haber resuelto la economía
La primera temporada profesional dejó contratos importantes, patrocinadores y una visibilidad inédita. También dejó claro que la palabra «profesional» no resolvía por sí sola los problemas anteriores.
El primer patrocinio principal de la competición acabó judicializado por un conflicto de impago. La relación institucional con la Federación produjo enfrentamientos sobre competencias y costes. Los clubes continuaron partiendo de realidades económicas muy diferentes.
Y las futbolistas volvieron a parar.
El inicio de la temporada 2023/24 estuvo marcado por una nueva huelga, esta vez en plena Liga F profesional. El conflicto volvió a concentrarse en el salario mínimo.
El acuerdo alcanzado fijó una progresión de 21.000 euros para la temporada 2023/24, 22.500 para la siguiente y 23.500 para la 2025/26. En función del crecimiento de los ingresos comerciales, la última cifra podía ascender hasta los 28.000 euros.
La fórmula contenía toda la tensión económica de la nueva competición.
Las jugadoras reclamaban derechos laborales garantizados. Los clubes respondían que las mejoras debían acompasarse a la capacidad de generar ingresos. El crecimiento comercial de la Liga F entraba directamente en el convenio colectivo.
Ya no se discutía únicamente si las futbolistas debían ser reconocidas como profesionales.
Se discutía cuánto podía pagar realmente el fútbol femenino español y cómo debía repartirse lo que empezaba a producir.
Del reconocimiento al reparto
Durante sus primeras temporadas, la Liga F fue levantando una estructura que antes no existía.
Vendió sus derechos audiovisuales de forma centralizada. Incorporó patrocinadores y licencias. Creó mecanismos de reparto entre los clubes. Estableció fondos relacionados con el descenso. Aumentó la producción de los partidos y construyó una identidad comercial para la competición.
En la temporada 2024/25, la organización distribuyó 17 millones de euros entre sus clubes. Los ingresos totales de la competición habían pasado de 18 millones en su primera temporada profesional a 22,8 en la siguiente y 25,8 en 2024/25. La audiencia televisiva acumulada alcanzó los 6,7 millones de espectadores, un incremento del 90% respecto a la temporada anterior.
Las cifras seguían estando lejos de las grandes competiciones masculinas y no eliminaban la dependencia que algunos equipos mantenían respecto a sus clubes matrices. Tampoco corregían por sí solas la enorme distancia existente entre las entidades con mayores presupuestos y aquellas que debían medir cada inversión.
Pero demostraban que ya había algo que repartir.
Esa es la diferencia fundamental entre la liga que hizo huelga en 2019 y la que llegó al final de la temporada 2025/26.
La primera reclamaba unas condiciones mínimas para poder llamarse profesional.
La segunda ya había creado contratos audiovisuales, activos comerciales, una estructura de ingresos, una marca reconocible y una expectativa de crecimiento.
Todavía necesitaba apoyo. Todavía arrastraba conflictos. Todavía debía demostrar que podía transformar la visibilidad en una economía estable para todos sus clubes y sus futbolistas.
Pero había dejado de ser únicamente una causa que debía financiarse por justicia.
También empezaba a ser un activo.
El final del principio
Los primeros años de la Liga F fueron financiados, en buena medida, para construir.
Construir una organización. Construir una producción televisiva. Construir instalaciones. Construir una marca. Construir un marco laboral. Construir la posibilidad de vender conjuntamente algo que antes se encontraba disperso.
La profesionalización no convirtió de inmediato al fútbol femenino español en un negocio rentable. Lo convirtió en una competición capaz de intentar serlo.
Ese era el objetivo de la primera etapa.
La Liga F ya tenía televisión, patrocinadores, ingresos comerciales, una estructura propia y clubes que recibían un reparto económico creciente. Había demostrado que existía interés. Lo que todavía no había resuelto era cómo financiar el siguiente salto sin depender para siempre del dinero que había permitido construir el primero.
La pregunta había cambiado.
Ya no era cuánto costaba mantener con vida el fútbol femenino.
Era cuánto podía llegar a valer.
Entonces alguien puso 55 millones de euros sobre la mesa.
